Los representantes de las
70 Cáritas Diocesanas de la Confederación Cáritas Española, reunidos en la 70ª
Asamblea General celebrada en El Escorial del 28 al 30 de junio de 2013,
manifestamos públicamente nuestra profunda preocupación y rechazo ante las
dramáticas situaciones que estamos viviendo en la sociedad española y que
afectan a millones de personas.
Cáritas está acompañando a
diario situaciones desesperadas y desesperanzadoras, cada una de las cuales
tienen detrás vida, rostro y nombre concretos: miles de caras y miles de vidas
de quienes son víctimas de modelo injusto que, bajo el argumento de la
racionalización del gasto y la sostenibilidad económica, es incapaz de anteponer
el bien común al beneficio individual.
Creemos que la pobreza es
evitable siempre, también en tiempos de crisis. Este es el objetivo de nuestro
trabajo en cada uno de los ámbitos territoriales de Cáritas, donde, en el seno
mismo de la Iglesia y de las comunidades cristianas, trabajamos cada día por la
justicia.
Como recuerda el Papa
Francisco, “la deuda social exige la realización de la justicia social. Juntas,
nos interpelan a todos los actores sociales, en particular al Estado, a la
dirigencia política, al capital financiero, los empresarios, agropecuarios o
industriales, sindicatos, las Iglesias y demás organizaciones
sociales”.
Denunciamos, por ello, la
adopción de decisiones políticas, legislativas y económicas que están generando
ya, ahora mismo, el sufrimiento de las personas afectadas, tal como pone de
manifiesto la realidad cotidiana de nuestra acción y los informes que hemos
elaborado y presentado públicamente. Esta falta de horizontes y perspectivas
podría tener unas consecuencias muy negativas para el futuro de la sociedad
española, incluso a corto plazo.
Las personas empobrecidas
no son responsables de una crisis económica que las castiga con tanta
intensidad. No queremos resignarnos a un modelo de vida caracterizado por la
precariedad y un retroceso en el reconocimiento y disfrute de los derechos
humanos. Tampoco aceptamos un proceso de fractura social legitimado por una
desigualdad creciente.
En el último año hemos
asistido a un importante número de reformas legislativas que, lejos de avanzar
en la solución a la crisis, han supuesto una pérdida de derechos sociales
inherentes a la dignidad de la persona. Algunos ejemplos de ese retroceso
afectan a la vivienda, sosteniéndola como un bien de inversión antes que como un
derecho; a la salud, transformándola en una mera contraprestación y excluyendo a
los migrantes en situación irregular; al acceso a la justicia, imponiendo tasas
judiciales; o al trabajo, con medidas que no estimulan la contratación y sí, en
cambio, perjudican el empleo, como muestran los datos de la última Encuesta de
Población Activa.
Las reformas legislativas
pendientes de aprobación agravan aún más este panorama. Un ejemplo claro es la
anunciada reforma de la Administración local, que, bajo los criterios de
racionalización y sostenibilidad, supondrá alejar de las personas servicios tan
esenciales como la salud, la educación o los servicios sociales. De producirse,
estaríamos asistiendo a una involución social y a la adopción de modelos de
intervención basados en la emergencia y en el asistencialismo, que ya hemos
conocido en otras épocas y que fracasaron.
Otros ejemplos similares
son las reformas relacionadas con el sistema de justicia, en especial, las que
afectan al Código Penal y al Código Procesal Penal, que, de mantener su
redacción actual, daría lugar a situaciones injustas, como, por ejemplo, la
sanción a quienes acojan a personas inmigradas en situación irregular, y la de
la justicia gratuita, que supondría dejar fuera del sistema de protección a una
parte importante de la población.
Junto a ello, la prioridad
económica que se marca en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 añade
un motivo más de preocupación, al consagrar la reducción del gasto para
garantizar, supuestamente, el principio de estabilidad, pero sin que se aborden
con igual intensidad la aplicación de unas adecuadas políticas fiscales
redistributivas, la lucha contra la evasión fiscal o la tasa para las
transacciones financieras.
De igual forma, mostramos
nuestra honda preocupación ante el drástico recorte de la Ayuda Oficinal al
Desarrollo (AOD) en España, que pone en peligro el sistema de cooperación
internacional y nos aleja del objetivo de lograr un cambio cualitativo global y
de mejorar la atención a las personas y sus derechos, ya vivan en nuestro país o
en regiones empobrecidas.
Este conjunto de
decisiones tienen un importante impacto en la garantía de los derechos, las
políticas sociales y la lucha contra la pobreza y la exclusión. Y lo que debería
entenderse como una inversión social y el estímulo de una política de prevención
por parte del Estado, garante de derechos, se reduce drásticamente y pone en
riesgo la cohesión social al permitir que el escándalo que supone la brecha cada
día mayor entre las capas más ricas y las más pobres de nuestra sociedad siga
creciendo.
“Nos acostumbramos a
levantarnos cada día –ha dicho Francisco-- como si no pudiera ser de otra
manera, nos acostumbramos a la violencia como algo infaltable en las noticias,
nos acostumbramos al paisaje natural de la pobreza y de la miseria caminando por
las calles de nuestra ciudad”.
Nosotros, desde la unidad
y la realidad compartida cada día en Cáritas con los últimos y no atendidos que
llaman a nuestras puertas, queremos decir que no nos acostumbramos a la
violencia de la pobreza, de la desigualdad y de la injusticia. Es más, llamamos
a la responsabilidad personal y comunitaria para asumir un papel cada vez más
activo y participativo en los procesos de transformación social, desde un estilo
de vida basado en la austeridad y la sencillez evangélicas, como inspiración de
una sociedad más acogedora, fraterna y accesible.
Desde esta convicción, los
participantes en esta 70ª Asamblea de Cáritas trasladamos a todos un mensaje de
esperanza y una propuesta renovada de compromiso, de trabajo y de consenso
social para construir un modelo generador de oportunidades y garante del pleno
acceso a los derechos de los más vulnerables, que sitúe a las personas
empobrecidas en el centro de la toma de decisiones y que asuma como principios
éticos de gobierno la dignidad de la persona y la búsqueda del bien común por
encima del beneficio económico y el provecho de unos
pocos.
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